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Trabajo de investigación de la Cátedra de Planificación Urbanística reconocido por la CEPAL

Un trabajo de investigación de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay obtuvo una "Mención Honorífica" en las Primeras Jornadas de Planificación organizadas por el ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 
El documento fue elaborado por los integrantes de la Cátedra, Arq. Esp. Graciela Falivene, Arq. Patricia Costa, y Arq. José Antonio Artusi, con la colaboración de los estudiantes avanzados Guillermo Arrejoría y Roxana González. En representación de la Cátedra, la Arq. Graciela Falivene expuso el trabajo - sobre "Aplicación de indicadores de sostenibilidad urbana a la vivienda social" - en el marco de las Jornadas que tuvieron lugar en Santiago de Chile pasado día 23 de Abril.
El trabajo "tuvo una evaluación sobresaliente por parte del Comité Académico, tanto por la calidad como por la originalidad de la investigación". El trabajo expone los avances en el marco de un proyecto de investigación denominado: “Los conceptos de sostenibilidad urbana aplicados a la Producción y Evaluación de la vivienda social”, articulando con los Seminarios sobre “Una visión urbana de la vivienda social. Hacia la construcción de indicadores de sostenibilidad”. El objetivo general es optimizar la inversión pública en vivienda social para colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Concepción del Uruguay, a partir de la aplicación de los conceptos de Sostenibilidad Urbana a la evaluación y mejora de las intervenciones en vivienda social existente y de la elaboración de recomendaciones para su diseño, ejecución y gestión. En la caracterización de la ciudad se sostiene en el texto que "Concepción del Uruguay se presenta como un territorio con una peligrosa tendencia a la consolidación de patrones de segregación social urbana hasta hace poco desconocidos en nuestro medio. El deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, que no encuentran en las políticas públicas una respuesta efectiva a las demandas de vivienda digna, hábitat adecuado para el desarrollo humano y en general al derecho a la ciudad, genera un peligroso caldo de cultivo que deslegitima el potencial de la planificación y gestión urbana colectiva y termina naturalizando una especie de “sálvese quien pueda”, frente al cual prácticamente cualquier intervención, por pequeña que sea, termina siendo una concesión graciosa del poder, y que por ende termina reforzando relaciones clientelares de dominación."
Un punto que se destaca en la investigación es "el relativo a la cuestión de la vivienda, caracterizada por la combinación de patrones diversos de localización residencial, en función la estratificación socio-económica. Así, por un lado, vastos sectores marginados del empleo formal y/o de ingresos suficientes para acceder al suelo propio a través de los mecanismos del mercado recurren a la práctica usual en las ciudades latinoamericanas en estos casos, la urbanización popular, ocupando de manera irregular terrenos fiscales o privados y construyendo con su propio esfuerzo las viviendas y hasta podríamos decir el hábitat. Por otro lado, el Estado favorece procesos de segregación residencial a través de la construcción de viviendas en conjuntos generalmente mal localizados, cada vez en áreas más periféricas y menos consolidadas, privadas de servicios públicos y equipamiento comunitario adecuados, alejados de toda centralidad urbana, como consecuencia de la primacía de intereses privados vinculados a la construcción y a la especulación inmobiliaria en la determinación de la provisión del suelo para estos conjuntos."
Un aspecto llamativo que destaca el trabajo es "que la expansión hacia áreas periféricas y la expansión descontrolada, que el propio Estado favorece, no se compadece con la presencia de una importante cantidad de superficie de suelo vacante en el área consolidada, expresión evidente de la especulación inmobiliaria, que sin embargo aparece invisibilizada, naturalizada por la opinión pública, como si fuera una consecuencia legítima e inevitable del derecho de propiedad, a pesar del reconocimiento constitucional de su función social en la reforma del 2008."La aplicación de los indicadores se realizó en una muestra de 12 casos, de un total de 64 conjuntos de vivienda social. Para el estudio se consideró la superficie del conjunto y la superficie de la malla de referencia entre 200 y 400 mts. de lado, esto permite ampliar el análisis al entorno inmediato de los conjuntos de viviendas. Al analizar los casos seleccionados se puede observar que la mayoría de los indicadores no verifican, definiendo sectores caracterizados por procesos de segregación residencial/urbana y exclusión social.
En las recomendaciones se enfatiza "la necesidad de poner en marcha políticas intersectoriales, que hagan foco en los procesos de construcción social del hábitat y en la promoción del conjunto de derechos contenidos en el derecho a la ciudad, más que en soluciones sectoriales reducidas a la provisión de un techo. Es imperioso a su vez evaluar con sentido crítico los programas del IAPV, sacando a la luz las auditorías del FONAVI y sumando evaluaciones locales con participación ciudadana y del mundo académico, evitando que las propias acciones del Estado contribuyan a perversos procesos de segregación residencial y estigmatización de los sectores populares", y que "la vivienda debe, para no caer aceleradamente en déficit, tener un espacio adecuado, los servicios apropiados, la accesibilidad, la seguridad, la privacidad, y las posibilidades de interacción comunitaria que sean requeridas para que esto suceda. Los indicadores urbanos son una buena herramienta para planificar y rediseñar intervenciones públicas en viviendas, ya que permiten tener una visión urbana multidimensional e integradora".- Leer más...

Viviendas: la “década perdida” en Entre Ríos

Por José Antonio Artusi

Si hay un sector de las políticas públicas en el que las propias estadísticas oficiales desmienten el relato mentiroso e impostor del gobierno, es el de la vivienda.

Se acaba de publicar en internet, con el habitual atraso, el informe de auditoría del FONAVI correspondiente al año 2011, con fecha Diciembre de 2012. Contiene, al igual que las anteriores, datos y recomendaciones que los responsables de los institutos provinciales de vivienda harían bien en leer y tener en cuenta.

Por primera vez en su historia, la cantidad de viviendas terminadas en nuestra provincia correspondientes al programa FONAVI durante 2011 fue nula, cero. Cabe consignar que a partir del año 2003 los institutos provinciales de vivienda cuentan, además de las transferencias automáticas del FONAVI que se reparten de acuerdo a una alícuota fija determinada en la ley entre las distintas jurisdicciones, con los recursos de los denominados “programas federales” de vivienda, que el gobierno nacional reparte de manera absolutamente discrecional, deteriorando gravemente el federalismo fiscal y perjudicando a Entre Ríos, entre otras provincias, como hemos demostrado en otros artículos. Y la cantidad de viviendas terminadas en 2011 correspondientes a los “programas federales” en Entre Ríos ascendió a 166. Vale decir que entre FONAVI y programas federales se terminaron sólo 166 unidades. Podríamos comparar esta cifra con las 1353 que se terminaron en 2002, en plena crisis, o con las 1099 que se terminaron en 1982, durante la dictadura militar en un año que estuvimos en guerra, o con las 3163 que se terminaron en 1980, en todos estos casos obviamente sólo con recursos FONAVI. Desde 1976, en sólo dos ejercicios se terminaron menos viviendas que en 2011: 1976  y 1986.

De todos modos, se podría argumentar que una comparación año a año podría ser engañosa, y que es más razonable complementarla con un análisis por períodos más extensos. Aceptemos este criterio y adoptemos períodos de 4 años. Veremos que la cantidad de viviendas terminadas en el período, el promedio por año, y la relación entre viviendas terminadas y cantidad de habitantes es la siguiente (hasta el año 2005 la cantidad corresponde a la operatoria FONAVI y a partir de allí a la sumatoria de FONAVI más “programas federales”):     

PERÍODO	TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS	PROMEDIO ANUAL	HABITANTES / VIVIENDAS TERMINADAS	HABITANTES
1976/79	1461	365,25	2486,82	1980: 908.313
1980/83	6167	1541,75	589,14	1980: 908.313
1984/87	2584	646	1406,05	1980: 908.313
1988/91	5717	1429,25	713,84	1991: 1.020.257
1992/95	6031	1507,75	676,67	1991: 1.020.257
1996/99	6274	1568,5	650,46	1991: 1.020.257
2000/03	4522	1130,5	1024,45	2001: 1.158.147
2004/07	4367	1091,75	1060,81	2001: 1.158.147
2008/11	4205	1051,25	1175,73	2010: 1.235.994

         

Obsérvese la inmensa paradoja que significa que entre 2000 y 2003, con una economía en profunda recesión, sólo comparable con la de la crisis del 29, se terminaron más viviendas que en los dos períodos siguientes (2004/07 y 2008/11), que coincidieron con uno de los procesos de expansión más significativos de nuestra historia. Se trata de cifras oficiales que muestran con contundencia el fracaso escandaloso de las políticas públicas de vivienda en nuestra provincia. Y, por otro lado, da cuenta dolorosamente de las enormes asignaturas pendientes de la democracia el hecho de que la relación más favorable entre viviendas terminadas en relación a la población corresponda al período entre 1980 y 1983, es decir los últimos años de la dictadura.        

Las auditorías del FONAVI también brindan información acerca de las denominadas “soluciones habitacionales”, categoría más heterogénea de intervenciones que pueden significar desde ampliaciones hasta mejoras o incorporación de núcleos húmedos, etc. Teniendo en cuenta que buena parte del déficit habitacional obedece a la presencia de unidades de vivienda recuperables y/o hacinamiento, no debe descartarse la utilización de esta herramienta aplicada al parque de viviendas existente como un complemento válido a la construcción de nuevas unidades.

Si bien desde el punto estadístico puede ser difícil comparar  resultados, es de todos modos interesante ver qué muestran las estadísticas oficiales al respecto, en este caso a partir de 1993:

PERÍODO	TOTAL SOLUCIONES HABITACIONALES	PROMEDIO ANUAL	HABITANTES / SOLUCIONES HABITACIONALES	HABITANTES
1992/95	249	62,25	16389,67	1991: 1.020.257
1996/99	1059	264,75	3853,66	1991: 1.020.257
2000/03	3836	959	1207,66	2001: 1.158.147
2004/07	16	4	289536,75	2001: 1.158.147
2008/11	922	230,5	5362,22	2010: 1.235.994

         

También en este caso puede observarse que en el período 2000/03 se concretaron más soluciones habitacionales que en los dos períodos siguientes, incluso significando la sumatoria de los dos últimos menos de la cuarta parte de la cantidad lograda a principios de siglo, durante una de las crisis políticas, sociales y económicas más severas de nuestra historia. Nuevamente indicadores oficiales exhiben una demostración palpable de la ineficacia puesta de manifiesto por quienes gobiernan la provincia desde entonces.     

Los informes de auditoría también brindan información acerca de los montos y porcentajes de recupero por cobro de cuotas de amortización. Durante 2011, Formosa y Entre Ríos fueron las provincias que menor porcentaje de recupero tuvieron de operatorias FONAVI: 51,30% y 55,32% respectivamente, frente a una media nacional de 72,19%. Tomando el período entre 2003 y 2011, Entre Ríos tiene el dudoso privilegio de integrar el lote de 5 provincias que no superan el 50% de recupero, superando, con 48,27%, sólo a Buenos Aires, Formosa, y La Pampa, y frente a una media nacional en el período de 64,46%.

Otro aspecto interesante de destacar es la incidencia de la inversión en obras dentro del total de gastos de los institutos provinciales de vivienda. Entre Ríos es la provincia que menor porcentaje de recursos destinó a inversión en obras en 2011, sólo el 59,85%, frente a una media nacional de 81,94%. La explicación está tanto en los abultados gastos de funcionamiento, que absorben casi el 20% frente a una media del 13%, como en la presencia de otro 20% de “otros egresos”, frente a una media nacional en este rubro de un 5%. El lector se preguntará qué son “otros egresos”. El propio informe de auditoría se encarga de explicitarlo: “Para Entre Ríos la situación obedeció a la transferencia transitoria de fondos a la Tesorería General de la Provincia pendiente de devolución durante el Ejercicio.”  Cabe consignar que ese 20% de “otros egresos” significan más de 52 millones de pesos. Es en este contexto que deben tenerse en cuenta los $ 38.000.000 que figuran en la planilla de “otros recursos”, provenientes de la Tesorería General de la Provincia, y los $ 52.257.328 que figuran en la planilla “otros egresos”, como “transferencia transitoria a la Tesorería General de la Provincia”. De lo que se podría inferir que, a diferencia del período anterior, donde aparecen 15 millones tanto en “otros egresos” como en “otros recursos”, durante 2011 no se reintegró al IAPV una suma superior a los 14 millones de pesos. Y en cualquier caso, lo que queda demostrado es que el Poder Ejecutivo, en vez de reclamar donde corresponde, recurre al recurso facilista de apoderarse transitoriamente de fondos de organismos que, como el IAPV, no tienen entre sus fines financiar el déficit de la administración pública.

Finalmente, más allá de estos datos cuantitativos, los informes de auditoría brindan una evaluación cualitativa sobre aspectos urbanísticos que, si bien es incompleta, es muy interesante en función de tratarse de un documento oficial, en el que se detallan casi invariablemente desde 2003 una serie de observaciones y recomendaciones que nadie parece leer. Vale la pena reproducir textualmente algunos fragmentos para poder apreciar su validez a propósito, sobre todo, de los últimos conjuntos de vivienda, en localizaciones periféricas e inadecuadas, limitadas a la provisión de un techo y distantes de la necesaria construcción de ciudad que el derecho a la vivienda digna lleva implícita:

-       “Se reitera lo informado en anteriores oportunidades con relación a la falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los barrios…Se reitera lo informado en anteriores oportunidades con relación a la falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los barrios...”.

-       …la falta de equipamiento comunitario al momento de la adjudicación de las viviendas genera un desequilibrio en la demanda de los centros de salud, de educación, etc., periférico y/o cercano a los conjuntos. Esta situación resulta aun mas grave cuando se trata de numerosos conjuntos agrupados que constituyen sectores urbanos de cierta magnitud obligando a sus habitantes a recorrer importantes distancias para acceder al equipamiento. Por lo expuesto se reitera la necesidad de tomar las medidas…”

-       “No se han producido modificaciones con relación a lo informado en los anteriores informes es decir que los nuevos barrios que se generan a través de los diferentes programas en desarrollo se caracterizan, en general, por constituir una yuxtaposición de conjuntos, muchas veces desvinculados o con escasa conexión al tejido urbano consolidado, situación que supone la ausencia de una elaborada planificación urbana que tenga en cuenta el impacto resultante y las condiciones emergentes de la nueva intervención como por ejemplo, conexión con el transporte público, servicio de recolección de basura, integración social, acceso a la salud y educación entre otros.”

-       “En cuanto a las condiciones de accesibilidad a los mencionados sectores urbanos, en muchos casos, se ha observado que estos no cuentan con los mínimos requerimientos para el tránsito vehicular lo cual hace prever circunstancias de total intransitabilidad en épocas de lluvias…”

-       “Respecto al diseño urbano y de acuerdo a lo observado, no se consideran factores tales como orientación, mínimo asoleamiento, topografía y condiciones de futura ampliación de las viviendas, lo cuál se refleja en un diseño que no tiene en cuenta las características particulares del lugar de emplazamiento y en una repetición monótona de las unidades… “Estas situaciones sumadas a que en algunos casos no se continúa con la trama existente, generan una incidencia importante en los costos y mantenimiento en las redes de infraestructura. Los prototipos empleados por lo general en planta baja apareados y en algunos casos en tiras, se implantan en forma indiscriminada en el terreno, incluso en las esquinas de manzanas dando por un lado lugar a problemas de medianería o de ubicación de lavaderos en la fachada más importante de la manzana y por otro generan monotonía y falta de identidad a los barrios…”

-       “Será conveniente combinar tipologías de viviendas agrupadas de media densidad y baja altura que permitan procurar el uso racional y lógico del terreno. Resulta tan perjudicial dilapidar el uso de las tierras como ajustar las dimensiones excesivamente provocando problemas de hacinamiento en la convivencia entre las familias adjudicatarias… “Se reitera la necesidad de efectuar estudios previos de impacto urbano-ambiental que contemplen adecuadas regulaciones del uso del suelo como así mismo una planificación de crecimiento y desarrollo en áreas de futuros asentamientos…Asimismo será necesario que esta planificación prevea el equipamiento necesario que debe acompañar a las obras de viviendas a los fines del normal funcionamiento de los barrios, esto es, centros de salud, educación, seguridad, etc., como así también de espacios verdes y sectores comerciales. Se advierte esta situación ya que se han observado sectores con importantes número de viviendas entregadas que carecían de los mismos…”

En definitiva, queda claro que la construcción de viviendas sociales de la última década no ha contribuido ni cuantitativa ni cualitativamente a solucionar el déficit habitacional ni mucho menos a “construir ciudad”. Han sido, por el contrario, un factor central en los proceso de expansión descontrolada y anárquica de nuestras ciudades, y en muchos casos, funcionales a la especulación inmobiliaria y a los intereses de las grandes empresas constructoras más que a los de sus destinatarios. Es hora de cambiar, es el momento de comprometerse en serio en pos de una verdadera reforma urbana que comience a garantizar a todos los entrerrianos el derecho a la vivienda digna y a la ciudad. Derechos por los que, en la última década, se hizo poco y mal, sobre todo a la luz de la enorme cantidad de recursos con los que contó el Estado en comparación con épocas anteriores. La década perdida.-      

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